Implementación de Futarchy as a Service en la Sociedad Civil
Fase 1: Censo de participantes
Lanzamiento de una campaña informativa a través de redes sociales, comunidades digitales, eventos ciudadanos y grupos afines, explicando el sistema de participación y su valor meritocrático.
Descarga de wallets compatibles con EVM (como Metamask) por parte de los participantes: ciudadanos miembros de la Sociedad Civil que deseen involucrarse voluntariamente.
Verificación de identidad y validación de participación mediante mecanismos de confianza mutua entre miembros ya censados: relaciones personales, referencia de otros participantes, o mecanismos comunitarios descentralizados.
Creación de un censo digital cifrado, seguro y pseudónimo, basado en la confianza comunitaria y controlado por mecanismos de gobernanza colectiva.
Fase 2: Identificación de prioridades comunitarias
Realización de encuestas y consultas a través de medios accesibles: formularios digitales, entrevistas en comunidad o diálogos entre participantes.
Sistematización y selección de las 10 prioridades o retos más compartidos. Estas se someterán a votación online exclusiva mediante wallet.
Selección del reto principal como objetivo estratégico del piloto de futarquía en la Sociedad Civil.
Definición colectiva y técnica de un indicador clave de rendimiento (KPI), claro y medible, que permita evaluar el éxito del proyecto.
Fase 3: Presupuesto y propuestas
Se asigna una partida presupuestaria (pública, comunitaria o donada) para abordar el reto seleccionado a través de propuestas colectivas.
Apertura de un periodo público de recepción de propuestas por parte de cualquier participante o grupo. Cada propuesta debe incluir:
Descripción detallada de las acciones.
Responsable o colectivo ejecutor.
Equipo implicado y su experiencia.
Cronograma.
Presupuesto estimado.
Hash del documento completo para certificar integridad.
Selección de propuestas si hay más de 10:
Un consejo intercomunitario, elegido entre los propios participantes, seleccionará 5 propuestas.
Otras 5 serán elegidas aleatoriamente entre las candidaturas restantes.
Fase 4: Evaluación anticipada y selección final
Publicación de las propuestas validadas para que todos los participantes censados puedan analizarlas y acceder a su contenido.
Apertura de un periodo de apuestas predictivas o votación ponderada, donde los participantes seleccionan la propuesta que consideran más capaz de cumplir el KPI. Las apuestas podrán ser simbólicas (reputacionales) o económicas. Las apuestas económicas servirán también como mecanismo de financiación directa de los proyectos seleccionados, reforzando el compromiso y viabilidad de su ejecución.
Fase 5: Ejecución y medición
Adjudicación del presupuesto e implementación de la propuesta que haya recibido mayor respaldo predictivo.
Evaluación objetiva del resultado final en relación con el KPI definido.
Recompensa reputacional: quienes predijeron correctamente el éxito obtendrán más peso en futuras consultas participativas, promoviendo un sistema meritocrático basado en la capacidad predictiva.
Wallets EVM (como Metamask) para identificar a los participantes.
Registro on-chain opcional del censo, con protección de privacidad.
Plataforma de votación: Snapshot, Aragon u otra personalizada.
Hashing (SHA256) para certificar las propuestas.
Evaluación con oráculos automatizados o comités independientes comunitarios.
Sistema de apuestas simbólicas y económicas basado en contratos inteligentes.
Porcentaje de participación activa.
Nivel de cumplimiento del KPI.
Satisfacción posterior recogida mediante encuestas o asambleas abiertas.
Diversidad y creatividad de las propuestas.
Continuidad del sistema y su replicabilidad.
Volumen de financiación ciudadana generada a través de apuestas.
Falta de participación: incentivar mediante visibilidad y reputación comunitaria.
Complejidad técnica: uso de herramientas sencillas, soporte mutuo entre miembros.
Desconfianza en el sistema: total transparencia, trazabilidad pública y gobernanza abierta.
Inequidad de voz: establecer mecanismos de equilibrio entre nuevos y veteranos.
Especulación en apuestas económicas: establecer límites de participación y mecanismos de gobernanza para mitigar comportamientos oportunistas.
📍 El contexto
El Parlamento aprueba una nueva ley que permite la vigilancia masiva en redes sociales sin orden judicial previa, justificándola como una medida de seguridad nacional. Diversos colectivos —juristas, tecnólogos, defensores de derechos digitales y ciudadanos preocupados— consideran que vulnera derechos fundamentales como la privacidad, la presunción de inocencia y la libertad de expresión.
Ante la falta de reacción institucional, se inicia una iniciativa civil bajo un modelo de Futarchy as a Service, para organizar una estrategia eficaz desde abajo.
Se crea una red de confianza entre participantes mediante validación por invitación y wallet digital. Participan ciudadanos, abogados, informáticos, activistas y asociaciones.
El censo se basa en relaciones de confianza y afinidad, evitando bots y manipulaciones externas.
Tras deliberación colectiva, el objetivo común se formula así:
🎯 “Conseguir que la Ley de Vigilancia sea derogada, suspendida por el Tribunal Constitucional o declarada inconstitucional en menos de 12 meses.”
Se define como KPI:
“Estado legal de la ley (derogada, suspendida, declarada inconstitucional) a los 12 meses.”
Se recogen propuestas de cómo conseguir ese objetivo desde la Sociedad Civil. Entre ellas:
Campaña legal coordinada de amparos y recursos.
Denuncia ante organismos internacionales (CEDH, ONU).
Movilización digital con apoyo de influencers y medios internacionales.
Plataforma para delatar abusos con pruebas públicas cifradas.
Recolección de 500.000 firmas para una ILP de derogación.
Todas las propuestas se presentan con un hash previo y se abren públicamente tras el periodo de presentación.
Los participantes votan o apuestan —simbólicamente o con fondos— por la propuesta que creen que más probablemente llevará al cumplimiento del KPI.
La propuesta con más apoyo recibe el presupuesto comunitario para ejecutarse.
La propuesta elegida es:
✅ “Campaña legal coordinada con más de 100 recursos y movilización mediática paralela.”
Un equipo jurídico coordina recursos ante tribunales ordinarios y el Constitucional. Simultáneamente, se lanza una campaña pública que visibiliza casos reales de abuso.
📊 Resultado (12 meses después):
El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso y suspende cautelarmente la ley.
Más de 600.000 ciudadanos se involucran.
La campaña gana atención en prensa internacional.
Quienes apostaron por la estrategia correcta obtienen más peso de voto para futuras decisiones.
Se crea una estructura permanente para defender derechos digitales basada en este sistema.
La Sociedad Civil demuestra que puede organizarse de forma inteligente, eficaz y descentralizada.
La futarquía permite convertir la indignación ciudadana en acción estratégica colectiva.
La meritocracia predictiva facilita elegir el camino más eficaz, sin caer en divisiones políticas.
La financiación colectiva vinculada a predicción mejora el compromiso y la sostenibilidad del movimiento.